El día que Gran Bretaña compró la libertad de 800.000 esclavos (y se la cobró a los contribuyentes hasta 2015)

El 28 de agosto de 1833, el rey Guillermo IV estampó su firma en una ley que liberaba a casi 800.000 personas en todo el Imperio Británico. El gobierno pagó por su libertad. Pero no a ellos. A sus dueños.

Esa paradoja define mejor que cualquier otra cosa la naturaleza del Slavery Abolition Act de 1833: un texto histórico, genuinamente reformista para su época, construido sobre una contradicción moral que tardaría casi dos siglos en salir a la luz pública.

Sesenta años de lucha antes de la ley

La abolición no llegó de golpe. Fue el resultado de décadas de presión organizada, revueltas brutalmente sofocadas y negociaciones parlamentarias que avanzaban un paso y retrocedían dos.

El punto de partida legal llegó en 1772, cuando el juez Lord Mansfield dictaminó en el caso Somerset que la esclavitud no tenía base legal en Inglaterra. Un esclavo traído de Boston a suelo inglés no podía ser reclamado como propiedad. Sin embargo, eso no afectaba a las colonias, donde el sistema continuaba intacto.

En 1783, el movimiento abolicionista comenzó a organizarse entre la población británica. En 1787 se fundó la Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade, y figuras como William Wilberforce convirtieron la causa en una cruzada política de décadas. Wilberforce anotó en su diario en ese año que el gran propósito de su vida era acabar con el comercio de esclavos.

La ley de 1807: abolir el tráfico, no la esclavitud

El primer paso legislativo llegó con el Slave Trade Act de 1807, que prohibió el comercio internacional de esclavos dentro del Imperio. Fue un avance real, pero insuficiente: la compraventa de esclavos se criminalizó, pero tener esclavos seguía siendo perfectamente legal.

La Royal Navy estableció el Escuadrón de África Occidental para patrullar las costas y hacer cumplir la prohibición. Entre 1808 y 1860, capturó 1.600 barcos negreros y liberó 150.000 africanos. Pero el sistema de plantaciones continuó funcionando sin interrupciones en Jamaica, Barbados y el resto del Caribe británico.

La revuelta que aceleró la historia

En la Navidad de 1831, una rebelión masiva estalló en Jamaica. La organizó originalmente como una huelga pacífica el ministro baptista Samuel Sharpe, pero derivó en un levantamiento que las milicias de los plantadores y la guarnición británica tardaron diez días en sofocar.

La violencia de la represión y las pérdidas materiales provocaron dos investigaciones parlamentarias en Londres. Sus conclusiones contribuyeron de forma decisiva a que se presentara el proyecto de ley abolicionista de 1833.

El obstáculo político: el lobby azucarero

Durante décadas, los grandes propietarios de plantaciones en Jamaica y Barbados habían comprado escaños en los llamados «rotten boroughs», circunscripciones electorales corruptas con apenas unos pocos votantes controlados por el dinero. Ese lobby azucarero, conocido como el West India Lobby, bloqueó sistemáticamente cualquier avance real hacia la abolición de la esclavitud.

La Reform Act de 1832 lo cambió todo. Al eliminar esos distritos corrompidos, barrió de un plumazo a los representantes de los intereses esclavistas en la Cámara de los Comunes. El nuevo Parlamento ya no tenía deudas con los plantadores.

La ley: libertad con condiciones

El Slavery Abolition Act recibió la sanción real el 28 de agosto de 1833 y entró en vigor el 1 de agosto de 1834. Sus términos fueron los siguientes:

Los niños menores de seis años quedaron liberados de inmediato. Los mayores de esa edad fueron redesignados como «aprendices», una figura que los obligaba a trabajar hasta 45 horas semanales sin salario para sus antiguos amos durante un periodo de transición de entre cuatro y seis años.

Los últimos aprendizajes debían extinguirse en 1840, aunque la presión abolicionista logró adelantar el fin del sistema al 1 de agosto de 1838, cuando Jamaica, la última colonia en resistir, aprobó finalmente la legislación de emancipación total.

El escándalo de los 20 millones

La parte más incómoda de la historia es la que tardó más en hacerse ampliamente conocida.

Para compensar a los propietarios de esclavos por la pérdida de su «activo», el gobierno británico destinó 20 millones de libras esterlinas, el equivalente al 40% de los ingresos anuales del Tesoro en 1833, o aproximadamente el 5% del PIB del país.

Para financiar ese pago, el gobierno contrató un préstamo de 15 millones de libras con el banquero Nathan Mayer Rothschild y su cuñado Moses Montefiore. Los 5 millones restantes se pagaron directamente en deuda pública, valorada en el equivalente actual a 1.500 millones de libras.

Ese préstamo se fue refinanciando durante generaciones. Según el Tesoro británico, la deuda de 1837 quedó absorbida en un préstamo consolidado emitido en 1927 y no fue completamente extinguida hasta 2015, cuando el gobierno modernizó su cartera de deuda. Durante todos esos años, los contribuyentes británicos estuvieron pagando intereses de una deuda contraída para compensar a los dueños de esclavos.

Quién cobró y quién no

La compensación se distribuyó entre aproximadamente 42.000 personas en las colonias y 3.500 residentes en Gran Bretaña, muchos de ellos terratenientes absentistas que nunca habían pisado una plantación.

El obispo anglicano de Exeter, Henry Phillpotts, recibió 12.700 libras en compensación por 665 esclavos en las Indias Occidentales. El conde de Harewood cobró 26.309 libras por 2.554 esclavos repartidos en seis plantaciones. Cerca del 40% de los propietarios compensados eran mujeres, dato llamativo en una sociedad donde el patrimonio femenino pasaba automáticamente al marido al casarse.

Los esclavos liberados no recibieron ninguna compensación.

Los límites de la ley

El Slavery Abolition Act de 1833 no abolió la esclavitud en todo el territorio bajo influencia británica. India quedó expresamente excluida y no fue cubierta hasta el Indian Slavery Act de 1843. En territorios colonizados posteriormente, como Nigeria, la abolición de los sistemas locales de esclavitud fue un proceso gradual que se extendió hasta el siglo XX.

En los protectorados británicos, donde se mantenían las leyes locales, la institución persistió mucho más tiempo. La esclavitud en Bahréin no fue abolida legalmente hasta 1937.

De los aproximadamente 800.000 esclavos liberados que constan en el proceso de reclamaciones, ninguno recibió un solo penique del Estado británico. La deuda que generó su liberación la pagaron los ciudadanos del Reino Unido durante los siguientes 182 años.

Artículos relacionados